El gobierno ecuatoriano ha vulnerado una vez más la estabilidad jurídica, pero sobretodo vulnera flagrantemente la libertad de prensa y de expresión.

Sin explicación el día de ayer elgobierno del economista Rafael Correaretiró la frecuencia a Radio Sucre, en la madrugada de hoy el gobierno ha intervenido en los populares canales Gamavisión y TC Televisión así como en el canal Cablenoticias que se transmite por cable.

El Poder Ejecutivo, no las cortes de justicia como debe ocurrir bajo un Estado de Derecho, ha intervenidomediante el Conartel sobre Radio Sucre y a través de la AGD para incautar los canales de televisión. Esgrimiendo un artículo de la Ley AGD, inaplicable por contradecir a la Constitución vigente, se ha procedido a incautar estos bienes sin una orden de un juez competente, sin el debido proceso y sin existir primero una sentencia de un tribunal.

Se ha evidenciado, una vez más, que el Ecuador vive bajo un estado de facto, una dictadura que desobedece la constitución vigente y utiliza subterfugios para confiscar bienes, agredir el derecho de los ciudadanos a la libre expresión, prensa e información y utilizar los bienes malhabidos para los fines ideológicos personales de un dictador y su camarilla.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que manifieste su protesta por este evidente acto arbitrario e ilegal, que busca, no devolver los legítimos recursos de los clientes del cerrado Filanbanco, sino utilizar los medios de comunicación confiscados para impedir el ejercicio de la libertad de expresión y prensa cerrando espacios a la opinión libre y por el contrario, utilizar estos medios como plataforma del gobierno dictatorial.