El alarmante crecimiento de la delincuencia al amparo de las TIC amenaza las libertades ciudadanas.
La intención del gobierno británico de implementar una mega-base de datos con información sobre los teléfonos móviles de toda la población, así como un registro de las fechas y destinatarios no sólo de sus llamadas sino de sus mensajes de texto o emails y de las páginas web que han visitado, ha desatado la polémica, según informa la BBC.
El asunto trasciende las fronteras del Reino Unido no sólo por tratarse del país con mas antigua tradición democrática de nuestro entorno, sino porque las razones que aduce el departamento de Interior para llevar a cabo sus planes están también a la orden del día en los demás países occidentales, especialmente en lo referente a la cuestión de la lucha anti-terrorista.
Armas para la delincuencia
La secretaria de Interior, Jaqui Smith, ha insistido en subrayar –lo hizo recientemente en una charla ante el Institute for Public Policy Research– que ninguna autoridad tendrá jamás acceso al contenido de una llamada telefónica o un email de un ciudadano, pero que datos como las fechas en que se produjeron las comunicaciones y los interlocutores con los que se mantuvieron las mismas deben ser accesibles para los la policía y otros servicios de seguridad e inteligencia.
De otro modo, dice Ms. Smith, sería imposible luchar contra el terrorismo, el crimen organizado, el abuso sexual a menores, el tráfico de drogas, los secuestros y otros gravísimos delitos, a cuyos autores ha beneficiado la revolución de las telecomunicaciones y que actualmente tienen en éstas una de sus principales herramientas.
La policía y los servicios de seguridad llevan tiempo advirtiendo al gobierno de que la creciente complejidad de las telecomunicaciones dificulta su habilidad para acceder a unos datos que son instrumento esencial en la lucha contra múltiples y graves delitos.
Por ello, el gobierno someterá la cuestión a consulta popular a principios del próximo año y, al tiempo que solicita al poder legislativo trabajar en una ley de comunicación que otorgue estos poderes a las autoridades, solicita a la sociedad un debate informado, razonable y sensato sobre la cuestión, y no basado en la mera opinión.
Noticia completa en Tendencias 21
Imagen: Ecuador Ciencia
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